Lo que comenzó como una estrategia de control de daños terminó convirtiéndose en una nueva crisis política para la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

En medio del escándalo por la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad en la Sierra Tarahumara, la mandataria estatal emprendió una intensa gira de medios en la Ciudad de México con un objetivo claro: reposicionar su narrativa, deslindarse de responsabilidades y contener el desgaste político.
La apuesta incluía entrevistas en espacios nacionales de alto impacto, con periodistas como Adela Micha y Joaquín López-Dóriga, además de otros foros radiofónicos y televisivos considerados “premium” dentro del ecosistema mediático nacional.

Durante sus intervenciones, Maru Campos ofreció versiones distintas sobre un mismo tema: primero aseguró desconocer completamente la presencia de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense; después reconoció coordinación con agencias norteamericanas en tareas de seguridad; más tarde negó cualquier vínculo con la CIA. Finalmente, en entrevista admitió que, como autoridad estatal, no tiene facultades legales para establecer acuerdos con entidades extranjeras, una atribución reservada exclusivamente al gobierno federal.

Cada declaración abrió una nueva grieta.

Las contradicciones fueron rápidamente detectadas por usuarios en redes sociales, que comenzaron a comparar fragmentos de sus entrevistas y viralizar inconsistencias. El resultado fue inmediato: el hashtag #MaruSeContradice se mantuvo durante horas entre las principales tendencias nacionales, convirtiéndose en símbolo del fracaso comunicacional de la mandataria.

A ello se sumó otro cuestionamiento: el costo de esa estrategia. Datos difundidos por medios locales señalan que, entre 2021 y 2025, el gobierno de Chihuahua destinó cientos de millones de pesos en convenios publicitarios con grandes medios nacionales, incluyendo televisoras, portales, periódicos y espacios informativos de la capital del país. El debate no tardó en instalarse: ¿información institucional o inversión para blindaje político?

Mientras tanto, la investigación de la Fiscalía General de la República sigue abierta. El caso ya provocó movimientos internos en el gobierno estatal, salidas de funcionarios y nuevas preguntas sobre los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad.