La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, derivado de las indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
¿De qué se le acusa?
Ocultamiento de evidencias clave: La FGR señala directamente a Aguirre por su probable participación en la ocultación de pruebas determinantes para dar con el paradero de los normalistas. Obstrucción de la justicia: Se le imputa haber entorpecido las investigaciones ministeriales desde su cargo público en el momento de los hechos.
Encubrimiento institucional: Las pesquisas lo acusan de proteger información crucial que habría permitido esclarecer la red de complicidades locales en Iguala.
Manipulación del expediente original: El nuevo modelo de investigación de la FGR detectó alteraciones y omisiones deliberadas en las primeras indagaciones del caso.
Omisión de funciones en crisis de seguridad: Se indaga su responsabilidad por la inacción de las corporaciones estatales bajo su mando durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Destrucción de material probatorio: Nuevos actos de investigación apuntan a que se omitió resguardar indicios fundamentales durante los primeros días críticos de búsqueda.
Negativa a transparentar información: Se le atribuye haber frenado el flujo de datos verídicos a las instancias federales e internacionales en el periodo inmediato a la tragedia.
Asociación con el entorpecimiento operativo: La fiscalía vincula su gestión con acciones sistemáticas para desviar las líneas de investigación hacia versiones falsas.
Violación grave a los derechos humanos por omisión: Es señalado de propiciar un entorno de impunidad institucional que facilitó la ocultación del paradero de los jóvenes.
Desvío de la verdad histórica: Su administración es señalada dentro del nuevo análisis forense y científico por avalar narrativas ficticias para cerrar prematuramente el caso.Abuso de autoridad: Se le investiga por utilizar las estructuras del gobierno estatal para solapar a funcionarios locales involucrados en la desaparición forzada.
