La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, para definir un punto clave en materia de extradición: si una persona entregada por Estados Unidos puede ser procesada en México por hechos o delitos distintos a los que motivaron su extradición.

El asunto está relacionado con la llamada “regla de especialidad” del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que establece que un extraditado no puede ser procesado por delitos diferentes sin el consentimiento del país que autorizó su entrega.

Duarte fue extraditado a México en junio de 2022 para enfrentar acusaciones por asociación delictuosa y peculado por más de 96 millones de pesos.

Posteriormente, el ex mandatario promovió un amparo al argumentar que no tuvo derecho de audiencia en el procedimiento diplomático mediante el cual México solicitó a Estados Unidos autorización para procesarlo por una causa distinta.

Una jueza federal en Chihuahua le concedió el amparo al considerar que se vulneraron sus derechos de audiencia y seguridad jurídica, y ordenó dejar sin efectos la audiencia inicial, diversas actuaciones y la orden de aprehensión relacionada con esa causa.

Las autoridades federales impugnaron la resolución y argumentaron que el trámite para obtener el consentimiento de Estados Unidos es un mecanismo de cooperación entre gobiernos y no un nuevo procedimiento de extradición, por lo que el extraditado no tendría derecho de audiencia en esa etapa.

Ante la relevancia del caso, un Tribunal Colegiado solicitó que la Suprema Corte atrajera el expediente.

Este miércoles, el Pleno de la Corte aprobó por mayoría de votos atraer el amparo en revisión, por lo que ahora los ministros deberán determinar el alcance de los derechos de una persona extraditada y las condiciones para procesarla por delitos distintos a los que originaron su entrega.

DELITO FEDERAL

El caso cobra mayor relevancia porque en diciembre de 2025 la Fiscalía General de la República informó que ejecutó una orden de aprehensión contra Duarte por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se trata del primer proceso federal que enfrenta el ex gobernador desde su extradición. En diciembre pasado fue detenido e ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.