La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel reiteró su propuesta de impulsar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, tras la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo federal realizado en la entidad.

Durante una movilización encabezada por Morena, que partió de la Glorieta de Pancho Villa hasta el Palacio de Gobierno de Chihuahua, la tarde de este sábado, Montiel aseguró que su exigencia “no responde a revancha, rencor ni a intereses electorales”, sino a una demanda de justicia y respeto a la ley.

“Iniciaremos el proceso de juicio político no por revancha, no por rencor, no por un asunto electoral, sino por pura y absoluta justicia y respeto a la ley y al Estado de derecho”, expresó ante simpatizantes.

De acuerdo con cifras de Morena, alrededor de 20 mil personas participaron en la concentración, donde la líder morenista anunció además una gira estatal para recolectar firmas ciudadanas que respalden formalmente la solicitud de juicio político contra la mandataria panista.

“Vamos a recorrer todo el estado para recabar las firmas de quienes exigimos justicia y el juicio político contra María Eugenia Campos. No será solo un escrito en la Cámara de Diputados; estará respaldado por el pueblo”, afirmó.

Acompañada por el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y la secretaria general, Carolina Rangel, Montiel acusó a la gobernadora de “ceder el poder a agentes extranjeros” al permitir su intervención en territorio nacional.

“La gobernadora decidió dejar de ser gobernadora del estado para entregar funciones a agentes extranjeros. Eso representa una ofensa no solo para Chihuahua, sino para toda la nación”, declaró.

La dirigente morenista también aseguró que el operativo cuestionado carecía de carpeta de investigación, y criticó la actuación del gobierno estatal tras la muerte de personas involucradas.

“Así gobierna Acción Nacional: encubriendo acciones que violentan nuestra soberanía”, señaló.

Finalmente, Montiel comparó el caso con el operativo Operación Rápido y Furioso, implementado durante el sexenio de Felipe Calderón, al que responsabilizó de haber fortalecido a grupos criminales mediante el ingreso ilegal de armas al país.