Una jueza federal de Nueva York dictó una sentencia de 14 años y medio de prisión (175 meses) contra Juan Pablo Lozano, un operador del Cártel de Sinaloa clave en el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Más allá de los años tras las rejas, esta condena sacude el tablero político y criminal en México, ya que Lozano se perfila como un testigo potencial en el macroproceso que involucra a los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad para evitar la cadena perpetua, Lozano sumará a su pena cuatro años de libertad supervisada en territorio estadounidense.
El modus operandi: Crueldad y corrupción fronteriza
Las investigaciones del Departamento de Justicia revelaron que Lozano coordinaba una red de tráfico terrestre durante 2023 basada en dos estrategias principales:
Explotación de vulnerabilidad: Reclutaba a mujeres estadounidenses de bajos recursos para usarlas como «mulas». Para maximizar las ganancias, las obligaba a ingerir hasta dos mil pastillas de fentanilo, poniendo sus vidas en riesgo extremo.
Sobornos en la frontera: El delincuente pagaba dinero de manera directa a agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. para asegurar el éxito en los cruces de la droga.
La conexión con «Los Chapitos» y Rubén Rocha Moya
Lozano es uno de los 20 acusados originales en el expediente masivo de abril de 2023 abierto por el Departamento de Justicia contra la facción de «Los Chapitos», liderada por los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán.
De esa misma investigación penal se han desprendido acusaciones complementarias contra empresarios y políticos sospechosos de facilitar el lavado de dinero, tráfico de armas y protección operativa. Las actividades de narcotráfico que realizaba Lozano coincidieron con el periodo en que la organización criminal gozaba de una presunta protección oficial por parte de la administración de Rocha Moya en Sinaloa.
Con este fallo, la Fiscalía de EE. UU. no solo cierra un caso sin necesidad de ir a juicio, sino que blinda su estrategia legal al sumar a un testigo clave para los procesos contra las cabezas de la organización y sus cómplices políticos.
