Desde Tulum, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó categóricamente que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, responda a un asunto político o de justicia selectiva. La mandataria afirmó que se trata de una investigación penal por su presunta vinculación en una de las mayores redes de huachicol fiscal y contrabando de combustible en el país.

«Es falso que haya un asunto político aquí», sostuvo Sheinbaum, añadiendo que si el exmandatario cuenta con las pruebas para demostrar su inocencia, deberá presentarlas formalmente ante los jueces en un marco de imparcialidad.

Los detalles del megafraude aduanero
Tanto la presidenta como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicaron que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó hace un año tras el hallazgo en Coahuila de 33 ferrotanques abandonados con combustible procedente de Estados Unidos.

El modus operandi: La red de contrabando reportaba traer otro tipo de sustancias o declaraba apenas el 10% de la capacidad real de los tanques para evadir el pago de impuestos por diésel.

Vínculo directo: Según las indagatorias, Ernesto Ruffo figura como socio mayoritario de la empresa importadora involucrada.

Operativos en curso: El caso ya suma ocho órdenes de aprehensión ejecutadas de varias más que están pendientes, abarcando desde agentes aduanales hasta distribuidores.

Ante los reclamos del expresidente Felipe Calderón y del dirigente del PAN, Jorge Romero —quienes acusaron justicia selectiva y el uso del caso como cortina de humo—, Sheinbaum reviró con datos: recordó que en su administración se ha detenido a más de 25 alcaldes vinculados a redes delictivas o corrupción, pertenecientes a todos los partidos políticos, incluidos Morena, el PVEM, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano.