Un juez federal dictó prisión preventiva contra el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel y seis personas más, mientras se resuelve su situación jurídica sobre su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó más de cien datos de prueba en su contra.

Tras diversos recesos durante la audiencia, se logró obtener, para los imputados Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, Juan Hermilo Chavez Rodríguez y ⁠Luis Antonio Barrientos Juárez, a medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el Penal de máxima del Altiplano, en el Estado de México.

En el caso de José María Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales quedarán internos en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Barcenas Guillen, en el Cereso de Nezahualcóyotl.

Luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.

Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.