La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente los señalamientos de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), la cual calificó la detención y proceso judicial del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como una «persecución política». Desde Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que el caso obedece estrictamente a una investigación penal por el delito de contrabando de combustible.
“Sería muy bueno que se informaran, que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República, porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, expresó.
Pruebas de la FGR y derecho a la defensa
La titular del Ejecutivo detalló que las indagatorias de la FGR apuntan a que Ruffo Appel es el principal accionista de una empresa vinculada al huachicol fiscal, red descubierta tras el hallazgo de ferrotanques abandonados. Asimismo, leyó fragmentos de un comunicado de la fiscalía que integra 96 datos de prueba, incluyendo dictámenes en química, ingeniería, criminalística y fotografía que sustentan la orden de aprehensión girada por un juez.
Finalmente, la mandataria puntualizó que el exfuncionario cuenta con todo su derecho a utilizar las herramientas del sistema de justicia, como el amparo, para ejercer su defensa legal, al tiempo que recordó que este tipo de operativos contra el contrabando de hidrocarburos se ejecutan sin distingos, recordando casos recientes que incluso han implicado a elementos de la Secretaría de Marina.
