La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó con firmeza ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dependencia que acusó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de inyectar ganancias del contrabando de combustible en campañas políticas en México. Desde Palacio Nacional, la mandataria exigió la presentación de pruebas y criticó el actuar unilateral de Washington.
Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo cuestionó los motivos detrás del comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, señalando que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nunca fue notificada previamente sobre supuestos desvíos de dinero hacia procesos electorales.
“Ocurre algo sin ninguna prueba. Así pasó con tres instituciones financieras: cuando les pedimos que dieran las pruebas para que pudiéramos acompañarlos en ese proceso, sólo enviaron dos páginas sin pruebas”, reprochó la presidenta, comparando la situación con los estrictos requisitos de evidencia que EE. UU. exige a México cuando se solicitan extradiciones.
Sheinbaum aclaró que los individuos mencionados en el informe de Washington ya se encontraban bajo investigación por parte de la UIF. No obstante, lamentó que el gobierno de EE. UU. decidiera adelantarse y romper los canales de comunicación conjunta para insertar el tema electoral. «No entendemos a qué viene, así lo digo muy francamente», atajó.
Finalmente, la mandataria defendió la estrategia nacional contra el robo y contrabando de combustibles. Aseguró que las medidas administrativas implementadas en las aduanas, las acciones del SAT y los bloqueos de cuentas bancarias han dado resultados medibles, teniendo como principal indicador el incremento en las ventas de Pemex y de distribuidoras privadas en el mercado formal.
