En un giro trascendental dentro de las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, reveló que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, giró instrucciones directas para “desaparecer cualquier evidencia” relacionada con la tragedia ocurrida en septiembre de 2014.
Durante un mensaje a medios, la fiscal federal detalló que el reanálisis exhaustivo del caso permitió destapar una red de ocultamiento sistemático operada desde la más alta cúpula del gobierno estatal. Según la FGR, la directriz del exmandatario se centró en desaparecer material probatorio fundamental, particularmente videograbaciones que documentaban el momento exacto en que los autobuses con los estudiantes fueron interceptados por corporaciones de seguridad.
Una «operación dolosa y deliberadamente estructurada»
De acuerdo con los datos expuestos por la titular de la FGR, las acciones implementadas por la administración estatal en 2014 no respondieron a omisiones técnicas o fallas aisladas, sino a un plan perfectamente trazado para obstruir la justicia.
«Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal», aseveró Godoy Ramos.
Las investigaciones señalan que la orden principal consistió en borrar todo rastro de los hechos ocurridos en el exterior del Palacio de Justicia del Estado, ubicado en Iguala, sitio clave donde las policías municipales y estatales detuvieron inicialmente a los jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Testimonios clave y colaboración ministerial
El avance en las indagatorias de la fiscalía se nutrió de declaraciones recientes aportadas por testigos protegidos y colaboradores que rompieron el silencio, revelando los mecanismos de presión y amenaza utilizados en su momento para asegurar la impunidad.
El testimonio de enero de 2026: Una persona colaboradora aportó datos precisos que confirmaron la existencia de las videograbaciones institucionales. Asimismo, señaló quién fue la persona encargada de sustraerlas para entregarlas de manera directa a Ángel “N”, detallando además las amenazas que la mantuvieron silenciada durante años.
El respaldo de mayo de 2026: Un segundo testigo protegido robusteció la acusación al declarar que el exgobernador convocó a una reunión con funcionarios de primer nivel de su gabinete, en la cual dictó la orden explícita de borrar cualquier indicio material vinculado a los ataques y detenciones de los normalistas.
La FGR documentó que la instrucción fue girada de manera directa por el entonces titular del Ejecutivo local y contó con la complicidad activa de servidores públicos estatales de alto rango, quienes utilizaron los recursos del aparato gubernamental para garantizar el encubrimiento.
Orden de aprehensión y delitos imputados
Derivado de los elementos de prueba recabados bajo este nuevo modelo de investigación científica y ministerial, la FGR solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de captura en contra de Ángel Aguirre Rivero.
Los cargos formales por los cuales se le investiga y busca procesar incluyen:
Desaparición forzada de personas.
Delitos contra la administración de justicia.
Con esta acción, la Fiscalía General de la República busca desmantelar los núcleos de protección institucional que durante años impidieron el esclarecimiento total de los hechos y la localización de los estudiantes desaparecidos, marcando un precedente en la revisión de responsabilidades a nivel de exmandatarios estatales.
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